La Justicia Electoral argentina recibió más de 360 denuncias durante las elecciones legislativas de 2025 por difusión de contenido falso creado con inteligencia artificial (Chequeado, 2025). Deepfakes de candidatos retirando sus candidaturas circularon horas antes del cierre de las mesas. Uno de ellos fue visto por miles de personas antes de ser desmentido.
Eso ya ocurrió. Y está a punto de ocurrir de nuevo — en Perú, en México, en cualquier país de la región que tenga elecciones sin un marco regulatorio claro para los deepfakes electorales.
La pregunta no es si la desinformación con IA va a afectar las próximas elecciones en LATAM. La pregunta es si los países de la región están preparados para contenerla. Y la respuesta, según lo que pasó esta semana, es: depende de a cuál país le preguntes.
Argentina 2025: el laboratorio que nadie quería ser
En las elecciones legislativas argentinas de 2025, los videos falsos con IA fueron, según Chequeado, «la desinformación protagonista». Los casos más documentados: un deepfake de Mauricio Macri anunciando el retiro de la candidatura de Lospennato, un video falso del gobernador Kicillof anunciando subas de impuestos, y — horas antes del cierre de las urnas — un video de Jorge Taiana supuestamente renunciando a su candidatura como diputado nacional.
Ninguno era real. Todos circularon masivamente.
La Justicia Electoral acumuló más de 360 denuncias, en su mayoría por violación del silencio electoral y por difusión de contenido generado con IA. No hubo sanciones sustantivas. No había marco legal suficiente para aplicarlas.
Argentina se convirtió, sin haberlo elegido, en el primer gran laboratorio de deepfakes electorales de la región. La lección que dejó es simple: cuando la tecnología avanza más rápido que la regulación, el costo lo paga la credibilidad del proceso democrático.
México, Perú y Brasil: tres modelos en construcción
Lo que diferencia a estos tres países no es la amenaza — es la velocidad y el enfoque con que reaccionaron.
Brasil es el caso más avanzado. El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya estableció reglas mínimas antes del ciclo electoral 2026: identificación obligatoria de todo contenido generado con IA, prohibición de chatbots que simulen diálogo con votantes, y veto expreso al uso de deepfakes con fines electorales. No es un marco perfecto, pero es un punto de partida con fuerza legal.
México intentó ir más lejos — y chocó. La reforma propuesta por el gobierno de Sheinbaum incluía multas y aviso obligatorio para el uso de IA en campañas, pero fue rechazada. Esta semana, especialistas de la Universidad Iberoamericana insistieron en que México no puede seguir postergando la discusión (Diario Marca / IBERO, marzo 2026). El país entra al siguiente ciclo electoral sin un marco claro, a pesar de haber tenido uno de los procesos electorales más vigilados de su historia reciente en 2024.
Perú está en el punto más crítico. Con elecciones generales en 2026, el congresista Carlos Anderson presentó esta semana un proyecto de ley para prevenir la desinformación electoral y sancionar los deepfakes (El Comercio, marzo 2026). El proyecto llega a cinco meses de la elección — tarde para construir un sistema de auditoría, pero a tiempo para establecer al menos una señal normativa. El problema adicional: la ONPE, el organismo electoral, admitió que no está preparada para auditar el uso de IA en las campañas (Infobae Perú, 2025).
Lo que esto significa para consultores y campañas en LATAM
Tres implicaciones concretas para quienes trabajan en política en la región:
1. El vacío legal no protege a nadie — ni al candidato ni a la campaña.
En un contexto sin regulación clara, cualquier video falso puede circular sin consecuencias para quien lo produce, pero con consecuencias inmediatas para quien lo protagoniza. Las campañas necesitan protocolos de respuesta rápida a deepfakes — no como plan de contingencia, sino como parte estándar de la arquitectura de campaña.
2. La regulación tardía es casi tan mala como la ausencia de regulación.
Un proyecto de ley presentado cinco meses antes de una elección no construye capacidad institucional de auditoría. Lo que sí puede hacer es establecer un precedente legal que permita actuar en casos flagrantes. Para el consultor, eso significa: conocer el estado de la regulación en cada país donde trabaja antes de diseñar la estrategia digital.
3. Brasil marca el estándar mínimo para la región.
El modelo del TSE — identificación obligatoria + prohibición de chatbots electorales + veto a deepfakes — no es perfecto, pero es replicable. Los países que entren al siguiente ciclo electoral sin al menos ese nivel de marco van a enfrentar lo que ya enfrentó Argentina: la tecnología decidiendo las reglas en tiempo real, en lugar de los organismos electorales.
En 10 años asesorando campañas en la región, lo que he visto es que los equipos que esperan al escándalo para reaccionar siempre van un paso atrás. El deepfake no avisa. Y el desmentido nunca alcanza la velocidad del video falso.
Conclusión: la regulación no alcanza sola
La desinformación con IA en elecciones no es un problema de tecnología — es un problema de gobernanza. Y en LATAM, la brecha entre la velocidad de la tecnología y la capacidad de los organismos electorales para regularla sigue creciendo.
Brasil tiene un piso. México tiene un debate sin resolución. Perú tiene un proyecto que llegó tarde. Y Argentina ya tiene la experiencia que ningún otro país de la región debería necesitar repetir.
La pregunta para el próximo ciclo electoral no es si va a haber deepfakes. Es quién va a estar preparado cuando aparezcan.
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